Jugada de riesgo para la petrolera YPF

“Paramos el aumento”, aseguró el presidente Alberto Fernández este lunes por la mañana cuando fue consultado por un grupo de periodistas sobre la decisión de no avanzar con el ajuste de 5 por ciento que YPF tenía previsto aplicar en el precio de sus combustibles.

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La decisión oficial está en línea con el congelamiento de las tarifas de gas y luz y de los pasajes de trenes y colectivos y tiene como objetivo central tratar de ponerle un freno a la inflación. Sin embargo, es una jugada que podría tener un alto costo para los directivos de la petrolera e incluso para el gobierno si no se la respalda con algún tipo de norma.

Cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió congelar el precio de los combustibles luego de las elecciones primarias de agosto, el entonces presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, le solicitó al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, que dictaran una norma para darle cobertura legal porque YPF no es una empresa estatal sino una sociedad anónima donde el Estado Nacional tiene el 51 por ciento de las acciones, pero el 49 por ciento restante está en manos de inversores privados. “O nos obligan a congelar a través de una resolución o nos dejan aumentar”, aseguró entonces el ejecutivo. La respuesta oficial fue el decreto 566/19, con la firma de Macri y todos sus ministros, que congeló el precio del crudo y de los combustibles por 90 días.

El decreto 566/19 era bastante endeble desde el punto de vista legal porque solo hacía valer el artículo 42 de la Constitución donde se establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Sin embargo, a Gutiérrez le alcanzó para decir que por esa norma no podía subir los precios y el resto de las empresas siguieron a YPF porque ninguna se desmarca demasiado de un jugador que concentra más del 55 por ciento del mercado.

Si algún accionista privado hubiera decidido demandar a Gutiérrez por no defender sus intereses, el presidente al menos podría haber mostrado ese decreto como paraguas protector. Ahora, en cambio, lo único que hay es la palabra del presidente de la Nación, pero el titular de YPF, Guillermo Nielsen, no está ahí, al menos desde el punto de vista formal, para hacer lo que le dice Alberto Fernández sino para defender a los accionistas de la empresa. Por ese motivo, no hay que descartar que en los próximos días la decisión de congelar los precios de los combustibles se oficialice a través de algún tipo de regulación o, en su defecto, se autorice finalmente algún incremento, aunque sea mínimo.

 

Crédito: Página 12

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