En la disputa por los biocombustibles, el que calla no otorga

La polémica desatada en torno de la continuidad del régimen de regulación y promoción para la producción y el uso sustentable de los biocombustibles no ha pasado inadvertida para el sector agroindustrial. En mayor o en menor medida, todos sus integrantes se encolumnaron detrás del reclamo y se pronunciaron en defensa de la continuidad de la ley, que vence el próximo 12 de mayo.

Lo que llama la atención en el diferendo es la ausencia de una posición pública por parte de la industria petrolera, a la que el sector de los biocombustibles y autoridades de las provincias productoras le asignan la responsabilidad de frenar la prórroga del sistema.

Ni de manera individual ni corporativa, las compañías que comercializan combustibles en el mercado interno se pronunciaron sobre la cuestión. Es más, las escasas manifestaciones en torno del tema que realizaron algunas refinerías hacen alusión a que no tienen una posición tomada y que el tema debe ser resuelto por el Congreso.

No hay, entre las petroleras, una estrategia de salir a defenderse de las acusaciones que le asignan un fuerte lobby ante el Gobierno nacional para modificar los términos del régimen actual.

La demanda de logística que exige el corte obligatorio de las naftas y del gasoil con los biocombustibles sería una de las razones por las cuáles las petroleras verían con buenos ojos una revisión de la ley.

¿Por qué ahora? Sucede que varias de las compañías realizaron inversiones para aumentar la producción de combustibles fósiles, a lo que deberían sumar más espacio para almacenar los biocombustibles para el corte. “Si esto lo trasladamos por la cantidad de plantas de refinería que hay en el país, el sistema de logística se complicaría. En muchas ya no hay más lugar para sumar infraestructura”, advierten desde el sector petrolero.

Las compañías también tienen presente el escenario que afrontaron el año pasado, cuando a la menor demanda de combustibles por la pandemia se agregó una caída en la provisión de biocombustibles. Este menor suministro hizo que los umbrales de mixtura exigidos por la ley (12 por ciento en naftas y 10 por ciento en gasoil) se redujeran de manera considerable durante algunos meses.

Congelados

Lo que también hay que decir es que la situación económica que atravesaban las empresas productoras de biocombustibles en ese momento, con precios oficiales congelados y costos crecientes, hacía inviable el negocio.

Fue el propio Estado, con la decisión de mantener desde diciembre de 2019 hasta octubre pasado sin cambios los precios mayoristas de los combustibles renovables, el que terminó por convalidar el incumplimiento de la ley.

Si bien dentro del sector petrolero hay diferencias entre ellas –por ejemplo con YPF, por el manejo de su deuda–, nadie está dispuesto a sacar los pies del plato en materia de biocombustibles.

Por eso tampoco llama la atención la postura adoptada ahora por las provincias petroleras. En octubre pasado, sus senadores dieron el voto afirmativo y unánime para la media sanción de la prórroga de la ley de biocombustibles.

Sin embargo, en la negociación actual en Diputados muestran una conducta opuesta y el silencio como camino elegido. Aunque está claro que con este comportamiento no le están dando la razón a quienes están a favor de la continuidad de la norma.

Fuente: Agrovoz