CECHA envió al asesor legal de la entidad por el tema de las ventas al estado.

En el escrito, expresaron que dicha Cámara “tiene como objetivo representar los intereses generales de sus asociados y promover el logro de condiciones favorables para el conjunto; entre ellas, la Negociación Colectiva Laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo y lograr acuerdos con unidad de criterio en la fijación de las directrices para la solución de problemas comunes para los empresarios”.

Finalmente, el comunicado aclara que “la CEPASE prestará colaboración en lo que se le requiera, en la medida de su alcance y conocimiento de los hechos que se investigan”.

Como se recordará, el Ministerio Público Fiscal conformó un equipo de fiscales que integran las Dras. Érika Leguizamón, Jésica Lucas y Belkis Alderete, que recibió la causa y comenzó una investigación, con la participación de peritos, entre ellos contadores.

Ante la preocupación de varios expendedores de combustibles santiagueños por este tema, claramente magnificado por la prensa, el martes pasado visitó Santiago del Estero el asesor legad de la Confederación en Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de Argentina (CECHA), Dr. Francisco Berdaguer a fin de asesorar a los empresarios del sector.

Como se sabe, la venta y provisión de combustible al Estado contiene una serie de particularidades específicas que lo tornan más costoso y hasta riesgoso para la Empresa en comparación con la mecánica y procesos de venta al público, por lo que los precios de venta suelen ser más elevados.

En este sentido, se analizó con el letrado que, a título enunciativo:

• Los plazos de pago que se venían manejando hasta ahora (30 a 60 días), que no solo repercute en la cuestión financiera, sino también en la cuestión económica atento el mayor costo que significa para la Empresa conseguir abastecimiento de la Petrolera con precios en alza y en un ámbito inflacionario como el que venimos atravesando. No debemos olvidar que las Estaciones de Servicios no son formadoras de precio.

• El riesgo de la Empresa de comprar y almacenar volúmenes significativos de combustible reservado para una eventual compra del Estado, privando la posibilidad de utilizar ese combustible para el público.

• El costo administrativo y operativo que supone afectar recursos de la Empresa para controlar y llevar adelante la cuenta corriente con el Estado.

En conversaciones con el gobierno se habría llegado a un acuerdo, mediante el cual las ventas hechas al estado y pendientes de pago, se cobrarían en un plazo razonable para la actividad (7 días) a cambio de lo cual las empresas proveedoras harían notas de   crédito a fin de reducir el costo de los combustibles vendidos.

Las empresas proveedoras manifestaron que mantienen el compromiso de ajustar el precio sujeto a que el Estado recomponga y mejore el plazo de pago, y en la medida que en el futuro no sobrevengan mayores costos o cuestiones extraordinarias que vulneren la ecuación económica y financiera de la Empresa.

El Estacionero, tuvo oportunidad de conversar con el Dr. Francisco Berdaguer antes de su regreso a Buenos Aires.

¿Cómo surge este tema?

Esto nace con una auditoría en el gobierno provincial de Santiago del Estero del que surge que se estaba comprando el combustible a un precio un poco mayor que el de surtidor (no más del 6%). Esto comienza con un rumor interno de auditoría que no tiene que ver con ninguna irregularidad, versión que es tomada por el Ministerio Público que formula una denuncia en la cual todavía no hay nada. Lo único que hay es un requerimiento a las estaciones de servicio sobre la facturación que hicieron en los últimos meses.

Lo que ocurre es que la información periodística fue por un lado y la cuestión judicial fue por otro, no existiendo más que un legajo con pedido de datos.

Mi presencia en Santiago tienen que ver con la necesidad de asesorar a los estacioneros sobre un tema acerca del cual, como dije, no hay nada y sobre las posibles acciones a desplegar por la Cámara.

Cabe aclarar que hay argumentos valederos de por qué se le cobra más caro al estado que a otro tipo de cliente. Se redactó incluso una nota para acompañar las posibles notas de crédito producto de una negociación con el cliente, de la que surgen los motivos de los precios inicialmente establecidos