Vaca Muerta bajo amenaza: ¿el fin de un modelo?

Si el mundo pos-pandemia realizara una transición más rápida hacia fuentes de energía limpias, se impusieran restricciones al comercio de combustibles fósiles y/o los organismos financieros dejaran de apoyar proyectos no renovables, la producción no convencional se podría tornar inviable.

La crisis desatada por la pandemia del Covid-19 en el mercado petrolero internacional no podría haber llegado en peor momento para la Argentina. Desde mediados de 2019, el complejo hidrocarburífero local atraviesa un fuerte retroceso producto de las restricciones cambiarias y del congelamiento de los combustibles que estableció Mauricio Macri para atemperar la salida de dólares y el salto devaluatorio del peso argentino tras su derrota en las primarias presidenciales. Bajo los principios neoliberales, hasta ese entonces el precio de los combustibles estaba atado a la cotización del Brent (precio de referencia del Mar del Norte que se dirime en la Bolsa de Londres) y del tipo de cambio respecto al dólar. Macri no sólo fue derrotado en las elecciones generales de octubre, sino que también dejó sin resolver las demandas de las petroleras que durante su mandato se habían comprometido a invertir sólo si se mantenían vigentes las reglas de libre mercado.

El nuevo gobierno de Alberto Fernández optó por prorrogar el congelamiento de los combustibles y demorar cualquier definición al respecto. A pesar de las sustanciales diferencias políticas entre ambas coaliciones partidarias, el equipo de Fernández compartía con la gestión anterior la aspiración de que Vaca Muerta se convirtiera en una plataforma de exportación y de generación de divisas. Si bien es cierto que esta formación geológica aloja un volumen de recursos no convencionales de petróleo y gas que multiplica varias veces al de las reservas convencionales comprobadas, su extracción requiere la utilización de las técnicas de perforación horizontal y fractura hidráulica (fracking) que en conjunto tienen un costo económico y ambiental superior a las técnicas convencionales. Antes de la llegada de la pandemia, el gobierno tenía en agenda un proyecto de ley para “blindar” Vaca Muerta, es decir, aplicar un esquema diferencial para las inversiones respecto a las restricciones imperantes en el resto de la economía. La expectativa estaba puesta en que la exportación de crudo y de gas no convencional pudiera en un futuro no muy lejano aportar tanto o más dólares que el sector sojero y de esa manera aliviar la restricción externa a la que se ve sometida la economía argentina en forma crónica. Con todo, las diferencias internas en la coalición gobernante sobre el alcance e instrumentos habían impedido plasmar un proyecto de ley oficial.

Tras el primer “lunes negro” ocurrido el 9 de marzo cuando el precio internacional cayó un 30%, el gobierno argentino aplicó licencias no automáticas para la importación de crudo, gas oil y naftas con el fin de proteger a la producción local. A partir de allí se hizo explícita la puja en torno al llamado “barril criollo” o precio sostén de la producción local, cuya definición venía siendo postergada por el congelamiento y que ya había sido implementado durante la caída del precio internacional en la segunda parte del año 2014. La puja reconoce varios actores, algunos de ellos con intereses convergentes.

Por un lado, un grupo que aboga por un precio interno por encima del internacional: la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), provincias que son muy dependientes de las regalías petroleras y que llegaron a solicitar un barril interno de hasta USD 54; las productoras no integradas (Vista Oil, Pluspetrol, Tecpetrol, Sinopec, ENAP), las cuales no cuentan con refinerías propias y que piden vender su crudo por encima de los USD 40; los sindicatos también se alinean en este grupo, esperando que las empresas no recorten puestos de trabajo.

El segundo grupo lo integran las refinadoras no integradas (Raízen y Trafigura), que preferirían importar crudo barato y de ese modo aprovechar la sobreoferta mundial.

El tercer grupo lo componen los consumidores, sin voz ni voto en esta mesa, y las petroleras integradas (YPF y Pan American Energy (PAE)), que abastecen buena parte de sus necesidades de refino con crudo propio y, por lo tanto, auspician un precio interno más bajo que les proporcione un mayor margen de refinación. En principio, el gobierno nacional era partidario de un precio que sostuviera la actividad extractiva, siempre y cuando las partes se pusieran de acuerdo, ya que la renegociación de la deuda externa y la restricción presupuestaria le impedían inyectar estímulos productivos.

La profundización de la crisis global llevó el Brent en torno a los USD 20, pero no prosperó ningún acuerdo entre las partes. En moneda local el precio de los combustibles no registró variaciones y al tipo de cambio actual (66 pesos argentinos por dólar) la nafta súper (gasolina de 95 octanos) se vende a USD 0,86, lo que refleja un valor del barril por encima de los USD 40. Se podría conjeturar que el primer grupo fue el ganador de la contienda. Sin embargo, la puja se ha vuelto estéril en la medida que la demanda local, al igual que la global, retrocede a niveles históricos. En ese sentido, la refinería Dock Sud, la tercera a nivel nacional en capacidad de procesamiento, discontinuó temporariamente sus operaciones a partir del 17 de abril. La misma es operada por Raízen, un joint venture creado en 2011 en partes iguales entre la brasileña Cosán y Shell, la cual alegó que su capacidad de almacenamiento estaba colmada ante una caída del 80% de la demanda. Mientras que YPF paralizó su refinería de Plaza Huincul (Neuquén) y mantiene en niveles mínimos las refinerías de La Plata y Luján de Cuyo (Mendoza), las dos más grandes del país. Ante la imposibilidad de colocar su crudo en el mercado interno, las productoras han seguido distintas estrategias de supervivencia, que van desde el almacenamiento en buques tanque en alta mar, a la exportación a precios de liquidación, hasta la baja de los niveles de producción.

En este marco, YPF, la petrolera controlada por el Estado, enfrenta un panorama sombrío. A comienzos de año, el ya decaído valor bursátil, producto de la crisis argentina, era cercano a USD 4.300 millones, mientras que al cierre de esta nota apenas alcanzaba los USD 1.480 millones, es decir, una pérdida superior al 65% en solo cuatro meses. A su vez, la empresa deberá afrontar a lo largo del próximo año una deuda superior a los USD 2.100 millones por las distintas emisiones de títulos en el mercado local e internacional que realizó fundamentalmente para financiar el desarrollo de Vaca Muerta. Como se puede apreciar, la deuda próxima a vencer de YPF supera a su cotización bursátil.

El gobierno de Fernández no ha dudado a la hora de tomar decisiones que atenúen el impacto socio-económico del aislamiento social obligatorio que lleva 40 días y el acceso a la energía no ha sido una excepción. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 311/2020 del 25 de marzo se dispuso la suspensión del corte de servicios públicos por 180 días a sectores vulnerables de la población y también a pequeñas y medianas empresas. La medida abarca al servicio de electricidad y de gas natural, cuyas tarifas habían sido congeladas durante los primeros días de la gestión hasta mitad de año. Probablemente, el congelamiento se extenderá hasta fin de 2020.

En contrapartida, la indefinición respecto al sector hidrocarburífero se hace crítica en esta coyuntura y el escenario internacional que el equipo de Fernández había imaginado para Vaca Muerta prácticamente se ha esfumado, al menos por un tiempo. Todo dependerá de la intensidad y de la extensión temporal de la crisis sanitaria global, pero nada hace suponer que la demanda de crudo recupere el nivel pre crisis en el corto plazo. No suena descabellado que tenga lugar una restructuración del mercado global, de mayor o menor grado, respecto a quiebras, compras y fusiones de empresas, además de tensiones en los países productores.

Bajo estas condiciones, se ciernen dos amenazas que actúan como pinzas sobre el modelo Vaca Muerta for export. La primera es el tiempo que demorará en recomponerse el mercado petrolero internacional, sumado a que el Estado nacional no tiene margen fiscal ni financiero para sostener al sector hasta que se despeje la incógnita. La segunda, menos visible en lo inmediato, es el eventual adelantamiento del pico de la demanda de petróleo (peak demand), que en los escenarios pre-pandemia había sido pronosticado entre los años 2030 y 2040 de acuerdo al endurecimiento o no de las políticas climáticas. Si el mundo pos-pandemia realizara una transición más rápida hacia fuentes de energía limpias, se impusieran restricciones al comercio de combustibles fósiles y/o los organismos financieros dejaran de apoyar proyectos no renovables, la producción no convencional se podría tornar inviable.

Aún es muy pronto para responder la pregunta del artículo. No obstante, cualquier política sectorial que se encare de ahora en más deberá tener en cuenta ambos condicionamientos en simultáneo. En otras palabras, la ventana temporal del modelo exportador de Vaca Muerta se sitúa entre el condicionamiento presente que impone la normalización del mercado internacional y el condicionamiento futuro que pueden jugar políticas climáticas más duras. La ecuación económica, financiera, política, social y ambiental deberá evaluarse en función de la cantidad de años en que el modelo pueda desplegarse. Por lo pronto, la tarea más apremiante es rescatar y revalorizar a YPF, sin la cual será imposible diseñar, planificar y ejecutar un modelo conveniente para la sociedad argentina.