Gas: así será la subasta que definirá el precio incluyendo gas para GNC

La Secretaría de Energía publicará este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 32/2019, en la que define las condiciones para el concurso de precios destinado al abastecimiento de gas natural de la demanda prioritaria (usuarios residenciales). La medida fue firmada el viernes a la noche por el secretario Gustavo Lopetegui.

Este mecanismo de subastas, que se implementará primera vez desde que rige la Ley 24.076, sancionada en 1992 y que privatizó los servicios públicos de transporte y distribución de gas, tendrá en juego a las productoras (petroleras como YPF, Total Austral, Pan American Energy, Tecpetrol, CGC, Pampa Energía y Wintershall) como vendedoras y a las distribuidoras (Metrogas, Naturgy -ex Gas Natural BAN-, Camuzzi y EcoGas, entre otras) como compradoras.

La licitación es clave para las nuevas tarifas que se implementarán a partir de abril. El ex secretario Javier Iguacel estimó un día antes de su renuncia que habrá un aumento del 35% desde el cuarto mes de 2019.

Tal como adelantó la semana pasada El Cronista, el Gobierno, mediante la Dirección de Políticas Tarifarias que conduce Oscar Natale, escuchó los comentarios de petroleras, distribuidoras, comercializadores y particulares interesados en la consulta pública abierta en enero y modificó algunas de las condiciones originales.

Las subastas serán electrónicas a través del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA), creado en 2004 por el kirchnerismo para el abastecimiento en los mercados spot, pero jamás utilizado por la baja en la producción de gas.

Los contratos serán en modalidad firme: una vez firmados, ambas partes tienen la obligación de cumplirlos. Así, se garantizará el abastecimiento entre abril de 2019 y marzo de 2020.

Aunque originalmente Energía impulsó que hubiera contratos hasta tres años, las empresas marcaron que la macroeconomía de Argentina todavía no ofrece estabilidad para ese tipo de compromisos de mediano plazo. En especial, teniendo en cuenta el antecedente de la brusca devaluación del peso en 2018.

Existirán las cláusulas de take or pay (TOP, tomar o pagar) para las distribuidoras y deliver or pay (DOP, entregar o pagar) para productoras, que fueron fijadas ambas en un 70% de las Cantidades Máximas Diarias (CMD).

Habrá dos concursos: uno para el gas de las cuencas Neuquina, Golfo San Jorge, Santa Cruz y Tierra del Fuego (Austral) el jueves 14; y otro para la Cuenca Noroeste, donde la oferta local está por debajo de la demanda, el viernes 15, con la participación de la empresa estatal Integración Energética Argentina (IEASA, ex Enarsa) como oferente.

El plazo de pago del gas que las distribuidoras compran a las productoras será a 65 días. Ni los 75 días que se venían manejando hasta ahora ni los 30 propuestos originalmente en la consulta pública.

Como las distribuidoras facturan una vez por bimestre el gas a los usuarios residenciales, adujeron que achicar el plazo les significaría tener que incrementar su capital de trabajo en $ 31.342 millones, con un costo financiero extra asociado de   $ 9537 millones.

Esos costos estaban fuera de los contemplados en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que corre entre abril de 2017 y marzo de 2022, y amenazaban con trasladarlo a sus usuarios o desistir de participar en la subasta.

Del otro lado, las petroleras señalaron que un plazo largo de pago impacta en que sea su sector quien cargue con el costo del financiamiento, lo que genera precios más altos en la licitación.

El Gobierno medió en esa disputa con un plazo menor al vigente y mayor al original, un poco más favorable a las distribuidoras, aunque con el objetivo de «normalizarlo» a la baja en el largo plazo.

Las distribuidoras tienen la obligación de comprar al menos el 50% de sus requerimientos anuales de gas por esta vía, y pueden abastecerse de la otra mitad a través de contratos bilaterales con las petroleras, como viene sucediendo hasta el momento.

El salto del tipo de cambio de más de un 100% en 2018 fue lo que impulsó al sector a girar a este mecanismo de subastas.

«En el marco de la fuerte variación del tipo de cambio ocurrida desde el mes de mayo de 2018, los productores y distribuidoras comenzaron a renegociar los contratos vigentes, con el propósito de ajustar los valores al nuevo contexto macroeconómico. Al momento, esas negociaciones se encuentran inconclusas», señaló en un comunicado Energía.

Hasta el momento, estaban vigentes los contratos que celebraron ambas partes en noviembre de 2017, con Juan José Aranguren como ministro.

El ex funcionario creó un sendero de precios máximos al alza, que finalizaba en U$S 6,38 por millón de BTU (/ MMBTU) para octubre de este año.

En primer lugar, la devaluación, con la imposibilidad de trasladar el impacto de la suba del dólar a las tarifas, y en segundo, con el exceso de producción de gas natural -sin su correspondiente demanda en verano- gracias a Vaca Muerta, cambiaron los términos.

Para Energía, «el principal objetivo de la implementación de subastas para la contratación de gas natural radica en la transparencia de la adjudicación de los recursos y la formación de precios».

Además, entiende que «esta nueva modalidad redundará en una mayor competencia y eficiencia en el mercado de gas natural, en beneficio de los usuarios del servicio de distribución. Adicionalmente, podría contribuir a bajar los precios promedios de compra«.

Especialistas consultados por este medio advirtieron que los precios a los que se podrían arribar rondan los  U$S 4 o  U$S 4,50 / MMBTU en promedio, y un máximo de U$S 5,10 / MMBTU.

Una fuente oficial contó, en reserva, que si este mecanismo funciona, «en septiembre podría haber un nuevo paquete de opciones» para la contratación de gas a mediano plazo.

Asimismo, dijo que la segunda suba de tarifas de gas (que, de acuerdo a la normativa, debería aplicarse el 1° de octubre, por el traslado de la inflación mayorista de marzo-agosto) por ahora se mantiene firme.

No obstante, fuentes del sector aseguran que, por la cercanía de las elecciones, ese aumento se podría postergar a diciembre, con el correspondiente reconocimiento a las transportistas y distribuidoras por esos dos meses de atraso.

Lo mismo había sucedido en 2017, cuando el Gobierno procuró no enojar al electorado y difirió los incrementos en gas y electricidad.

Las facturas de gas tienen cuatro componentes: precio mayorista del gas (alrededor de un 45%), transporte (cerca de 5%), distribución (20%) e impuestos (25%). Esos porcentajes varían en cada zona del país, de acuerdo a los impuestos provinciales y municipales.

De esta forma, la definición del precio mayorista es clave para las tarifas. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocó a audiencias públicas para el martes 26 y el jueves 28 de este mes para habilitar el traslado a los usuarios de estos nuevos precios y de la inflación pasada entre septiembre y febrero.

Cómo serán las negociaciones

Un día antes de la ronda, el miércoles 13 antes de las 9, los vendedores deberán informar el volumen máximo de gas a comprometer en la subasta y los compradores la cantidad solicitada.

La negociación se abrirá formalmente el jueves 14 a las 9. Allí, en modo presencial en el recinto de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (en 25 de Mayo 359), las productoras vendedores pueden realizar múltiples ofertas seleccionando precio, volumen y cuenca.

Cerrada la ronda, se ordenarán las ofertas por precio/tiempo en cada cuenca. Luego, por vendedor, se recorrerán las ofertas y se efectuará el descarte por mayor precio de aquellas ofertas en exceso de gas ofrecido (respecto del máximo comprometido).

Después se realizará el descarte por mayor precio de aquellas ofertas en exceso de la demanda solicitada en la cuenca y, finalmente, se hará una asignación automática por prorrata.

 

Fuente: El Cronista