En general la venta de combustibles es gravada por los estados Provinciales y Municipales a través de los impuestos a los Ingresos Brutos en el primer caso y con Tasas Municipales que toman distintos nombres conforme la ciudad de la que se trate; el nivel de la alícuotas varía pero podríamos decir que en general están entre el 2 y 3 % del total bruto en cada uno de estos casos; nada nuevo hasta aquí, el tema es que cuando el producto gravado es un combustible, y el margen de ganancia sobre el mismo es del orden del 10/12 % vemos rápidamente que este COMBO impositivo resulta en un porcentaje importante al referirlo a la renta bruta (20/30% por cada impuesto); tampoco a nadie se le movió un pelo mientras el sujeto gravado fue una Estación de Servicio, pero parece que al haber tocado la renta de las Petroleras, ahora la mirada en general que se tiene sobre el acto fiscal sería distinto adhiriendo a la posición de considerarla una aberración, la UIA, la Copal, CAME y la Unión Industrial Bonaerense (Uitba); del otro lado del mostrador por supuesto se encuentran los Jefes Comunales (unos 40 según la nota periodística), de acuerdo a lo que nos enteramos se estaría cuestionando y a definir el cobro de estas TASAS Municipales con el argumento del nivel que estas alcanzan sobre la renta (según la nota periodística el 35%).
Vemos ahí que otra vez una problemática que nos impacta de lleno no es planteada por nosotros, sino que lo hace otro actor gravado de nuestro sector (las Petroleras).
Sobre este tema debemos señalar que hace unos pocos días (01/06/2019) el Estado a través de su gobierno postergó el aumento del componente impositivo de los combustibles para ofrecerle esta posibilidad de adecuación a las Empresas Petroleras, o sea, claramente relegó los derechos fiscales (que estaban pactados en tiempo) a las necesidades de estas Empresas Petroleras, y en términos generales para acotar el incremento de precios.
Queda expuesta claramente una dualidad de criterio para el estado, que por un lado acepta una prioridad de incrementar la renta de ciertas empresas (nunca las nuestras) a costa de sus propios intereses y por el otro un conjunto de organizaciones sub nacionales (Municipios y Provincias) que pelean salvajemente por el “derecho” a sostener el salvaje saqueo.
Más allá de que nuestros comercios nunca fueron objeto de las tribulaciones del Estado (a ningún nivel) a pesar de nuestra condición de dadores de trabajo, está claro que cada uno de los impuestos y/o tasas a las que, reitero, salvajemente nos exponen, son de un orden absolutamente desproporcionado en relación a la renta que nos ofrecen las petroleras y sobre la cual, me permito hacer en el próximo párrafo una reflexión.
Recordemos que hace unos años en la Provincia de Santa Fe luego de sostener y pelear la disminución de la alícuota de Ingresos Brutos, luego de materializada la reducción impositiva, las petroleras inmediatamente tomaron para si esa renta manteniendo fijo el margen bruto, y esta no fue la única vez que se realizaron estas maniobras. Motivo por el cual está claro que nuestra renta está claramente definida por las Petroleras en cualquier caso y esta permite evitar los quebrantos al alcanzar una venta que excede varias veces la venta promedio de las Estaciones de Servicio a nivel país.
Somos testigos entonces de una feroz y encarnizada lucha por el derecho al saqueo que terminará arbitrando la justicia. Entonces cada vez resultamos estar más cerca del desnudar el verdadero objeto del saqueo… NOSOTROS, la red comercial, el sujeto que termina en último término materializando la venta de combustibles.
Alejandro Di Palma
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