La verdadera epidemia

Las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio (cuarentena) dispuestas por el Gobierno nacional a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 del día 20 de marzo de 2020 y prorrogadas sucesivamente han provocado –como era previsible- profundos efectos macroeconómicos (en definitiva, efectos sociales): drásticas caídas generalizadas de actividades productivas, caídas de ventas en los rubros más disímiles, incluyendo también alimentos y combustibles de uso automotor, rubros considerados en todo momento como “esenciales” por las medidas de aislamiento social; drástica y generalizada destrucción de empleo y, más grave aún, destrucción de empresas. En un análisis superficial de la situación podría parecer que todo este cuadro resulta estrictamente consecuente con la propagación del agente infeccioso Covid 19, pero no es así.

Recordemos que la nueva Administración ya en diciembre de 2019 había agravado las consecuencias del despido incausado (doble indemnización) y, en un contexto de alta inflación, también había provocado el congelamiento de precios de combustibles recurriendo a su control accionario sobre la Compañía que posee poder de mercado que le permite interferir en el sistema de precios (abuso de posición dominante).

Un viejo vicio de razonamiento criollo: la cándida creencia en la eficacia normativa de las leyes. Por ejemplo: Porque fijo precios máximos puedo contener la inflación. Porque agravo el costo del despido puedo mantener un alto nivel de empleo. Porque agravo las sanciones en el Código Penal puedo contener la ola de delincuencia; y otros disparates por el estilo.

Debería ser claro que no se crea empleo con desenfrenadas medidas de protección laboral, que no se modera el incremento del nivel general de precios con policía de mercados, que no se controla la delincuencia solo con agravamiento de penas o creación de nuevas figuras en el Código Penal.

De la misma manera, a la llegada del problema de la pandemia debía parecer claro que un recurso extremo como el aislamiento social preventivo obligatorio no sólo resultaba impracticable, dada la realidad del País, sino también que provocaría más daños que los que pretendía evitar.

Aclaremos: estrictos confinamientos como el dispuesto a partir del DNU 297/20 resultan medidas de fantasía en países que, como el nuestro, bien entrado el siglo XXI mantienen el 5% de su población viviendo en la más deplorable miseria, con alto nivel de hacinamiento, sin servicios elementales (agua corriente, cloacas, electricidad, calles transitables, sin atención a la salud, mal alimentada, etc.), todo ello principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, aunque también en el Gran Rosario y el Gran Córdoba (dos millones de compatriotas viven en villas miseria, que existen desde la década de 1930).

Supongamos, por caso, que en el mes de marzo de 2020 se ignoraba la alta tasa de contagiosidad del virus Cov2, supongamos también que se ignoraba el elevado porcentaje de casos asintomáticos para esa enfermedad. Aun así el aislamiento social preventivo obligatorio generalizado dispuesto por el DNU 297/20, dada su prolongación en el tiempo, luce como una medida desatinada. Los hechos demuestran que no ha logrado contener la propagación de la enfermedad, y también demuestran el elevado costo social de medidas tan extremas, costo que la República Argentina no está en condiciones de afrontar, y para lo cual ha debido recurrir al sostenimiento del gasto público mediante una desenfrenada emisión monetaria, cuyas derivaciones hiperinflacionarias resultan imposible de predecir en sus consecuencias finales.

Sin embargo ya a mediados de marzo de 2020 especialistas como el epidemiólogo John Ioannidis (Universidad de Stanford) o Johan Giesecke (Instituto Karolinska, Estocolmo) advertían sobre la escasa fiabilidad de la información sobre contagiosidad, prevalencia, letalidad, proporción de casos asintomáticos, etc. para el Cov2. Ya por entonces había información cierta disponible sobre el caso del Crucero Diamond Princess, que con un pasaje de elevado promedio de edad, mostró una tasa de letalidad del 1% para el Cov2. Se observó al respecto –Ioannidis- que si la tasa de letalidad real de la enfermedad era, como podía suponerse ya, del orden del 0,65%, medidas de aislamiento social extremas con graves consecuencias sociales y económicas podían resultar totalmente injustificadas, por desproporcionadas.

Otros gobiernos también se han equivocado sobre esta cuestión. Siguiendo las recomendaciones y estudios publicados por la OMS se han cometido errores políticos costosos. En nuestro caso las Autoridades han adoptado medidas de aislamiento social sobre la base de estimaciones completamente fantasiosas: el DNU 297/20 en sus considerandos estimó una tasa de letalidad superior al 4% para el Covid 19. A la fecha del dictado de dicha norma había información disponible que sugería una tasa de letalidad no superior al 1%. Ya para el mes de abril de 2020 se comprobaba que la tasa bruta de letalidad para el SARS Cov2 no superaba el 0,7%. Tratándose de personas menores de 65 años sin comorbilidades significativas, dicha tasa se ubicaba en el orden del 0,1%, no mayor que la de la gripe común.

Vale decir, entre nosotros, como en otros países, sea por desconocimiento, sea por temor, sea por razones electorales, o por todos esos factores, se sobreactuó la respuesta política al problema. Bastaba con controlar adecuadamente el ingreso de pasajeros procedentes de áreas geográficas afectadas (lo que no se hizo), practicar testeos tempranos a gran escala, con seguimiento de cadenas de contagios (lo que no se hizo), y con enfocar las medidas de aislamiento social sobre la población lábil: mayores de 65 años, personas con insuficiencias respiratorias, renales, inmunodeprimidos, hipertensos, etc.), lo que tampoco se hizo. El Gobierno, alentado por encuestas de imagen, prefirió provocar un colapso socioeconómico, escudando sus inconsultas decisiones en falsos dilemas: salud versus economía.

Como en otras oportunidades, lo que distingue a los estadistas de los políticos es que aquellos adoptan medidas de gobierno pensando en las próximas generaciones, y estos últimos adoptan medidas de gobierno pensando en las próximas elecciones.

Las encuestas de opinión inicialmente mostraron pública aprobación para la “cuarentena”. Luego, se insistió en ese equivocado –y costoso- remedio. Es el peligro de delegar la adopción de medidas de gobierno a infectólogos, epidemiólogos, encuestadores u otros especialistas ajenos a las funciones políticas. Sus consecuencias están a la vista: histórica contracción de la actividad productiva, vasta destrucción de empleo, cierre generalizado de empresas, visible agravamiento de los delitos violentos contra las personas, indigencia y, consecuente a ello, también, enfermedad y muerte. No existe un dilema entre economía y salud. No hay salud pública posible si no se preserva el funcionamiento de la economía.

    Mirando solo el sector más cercano, el expendio de combustibles, los registros oficiales marcan caídas interanuales de ventas asombrosas aun para una economía de alta volatilidad como la nuestra: -32% de ventas de gas oil grado 2 en la comparación interanual abril 2019/ abril 2020;  -50% de ventas de gas oil grado 3 en la misma comparación; de -70% en nafta grado 2, mismos períodos de comparación y -75% en ventas de naftas grado 3

    Nos aleja de una previsión optimista los efectos generalizados –macroeconómicos- del aislamiento social preventivo obligatorio prorrogado irracionalmente durante más de cuatro meses. Drástica contracción de una economía nacional que viene de soportar diez años de estanflación.

    El mercado de combustibles, como otros mercados, padecerá el prolongado efecto de las medidas de pretensión sanitaria dispuestas por el Gobierno nacional y puede temerse que entremos en una nueva era de contracción de la red de distribución. Caídas generalizadas y sostenidas de volúmenes en expendio solo pueden sugerir ese escenario, para negocios con elevados costos fijos, inconciliables con reducidos niveles de ventas. Agrava dicha situación otras medidas políticas: el congelamiento de precios de combustibles instrumentado en diciembre de 2019, el encarecimiento –prepandemia- del, ya de por sí costoso, despido incausado y la irracional prohibición de suspender personal por razones de fuerza mayor, como está previsto en nuestras leyes laborales.

No es posible predecir las consecuencias del aislamiento social preventivo obligatorio, como fue instrumentado en el País, dado que pandemias ha habido muchas, y mucho más graves que la actual, solo como ejemplo reciente, la llamada gripe española (40 millones de muertes), o más lejano, la peste negra (25 millones de muertes, un tercio de la población europea de la época), pero esos son hechos de la naturaleza, nuestra especie siempre los superó, por eso estamos aquí. La cuarentena es un hecho del hombre, más concretamente un fait du prince (un hecho del príncipe) una medida de gobierno que por su extensión espacial y temporal ha de provocar perjuicios más graves que los de la misma pandemia (hambre, enfermedad, muertes, desempleo, incremento de la informalidad de la economía, delincuencia, violencia doméstica, adicciones, suicidios, narcotráfico, etc.)

Las medidas de gobierno que responden a la filosofía intervencionista, estatista, reglamentarista, clientelar, anti-empresa y anti-mercado no son consecuencia de la pandemia, son una particularidad de la política argentina y explican un siglo de decadencia nacional. Esa filosofía política –adoptada y defendida por una parte importante de la opinión pública- es la verdadera enfermedad argentina.

El estatismo, el endiosamiento del Estado, la subordinación de la vida privada, de los patrimonios y de las libertades individuales a esa ficción llamada Estado, es la verdadera causa de la decadencia argentina, la verdadera pandemia.

    Fabián Alejandro Tobalo. Abogado, asesor de empresas.

  “El Estado es esa gran ficción por la que todo el mundo trata de vivir a expensas del resto”