Los biocombustibles y el progresismo regresista

Por Ignacio Hintermeister

La Argentina de las declaraciones promete dejar de fabricar motores a combustión en 2040 y promueve el hidrógeno verde; en la transición -en los hechos- se encamina a usar menos biocombustibles y más hidrocarburos.

Desde 2016, el país desarrolló por impulso de Julio De Vido -hay que decirlo- la promoción de biocombustibles: biodiesel hecho con aceite de soja se mezcla hoy al 10% con el gasoil de los surtidores. Y el etanol en base a caña o maíz está presente hasta el 12% en las naftas comerciales de cada estación de servicio.

Hasta 2017, la ley 26093 de promoción de biocombustibles, generó inversiones por U$S 3 mil millones sólo en biodiesel. Las exitosas cadenas agroindustriales integraron a chicos y grandes; su eficacia fue tal, que primero Europa y luego Estados Unidos apelaron a artilugios antidumping para no tener que competir con el producto argentino.

El biodiesel nacional retornó al viejo continente por vía de la diplomacia contractual en 2016, con cupos limitados. Pero aún no reingresa a Estados Unidos, destino al que exportó hasta unos U$S 1200 millones anuales en 2018.

Esos grandes mercados alegan que la Casa Rosada hace pagar menos derechos de exportación al producto industrializado que al primario. Las retenciones no son un subsidio, pero el recurso fiscalista de la Casa Rosada termina obturando la generación de divisas genuinas. Delicias del progresismo regresista en la economía globalizada.

El ideologismo suele esgrimir irrefutables fundamentos que contradicen a la realidad, pero se imponen sobre ella para modificarla con singulares despropósitos. Es el turno del mercado interno; el kirchnerismo hizo despachar en Diputados un nuevo proyecto de promoción de biocombustibles que reduce su utilización: 5% (incluso 3%) de biodiesel en el gasoil y 9% de etanol de caña en las naftas, excluyendo al etanol de maíz.

La iniciativa promete el reparto de cupos a discreción de la autoridad de aplicación e impide el ingreso de nuevos jugadores, es decir que impide más inversiones. Dicho de otra manera, la nueva norma favorece el capitalismo de amigos y deja afuera a grandes plantas que podrían abastecer al mercado interno a menores costos.

Argentina -el país donde el gasoil propio no alcanza- se dispone así a consumar un modelo de sustitución de exportaciones (la literalidad no es ironía) y de mayor emisión de gases de efecto invernadero, desalentando la industrialización de energías sustentables y manteniendo subsidios al sector hidrocarburífero. Dicho sea de paso, YPF vende por estas horas -según el Instituto de Energía Scalabrinio Ortiz- 3902 pozos de extracción efectiva de los que obtiene el 24 % de la producción de petróleo y el 13% de la producción de gas.

Siempre hay que recordar que la petrolera no es estatal aunque el gobierno maneje el 51% de las acciones. Está gerenciada por el camporismo sin controles públicos; la misma facción en el partido de gobierno es la que ha presentado el proyecto de biocombustibles en Diputados, con la firma de tres santafesinos: Marcos Cleri, Alejandra Obeid y Gerardo Martínez. Todo a instancias no explicitadas de Máximo Kirchner.

Los autores alegan que la iniciativa favorece a las Pymes, aunque la mayoría de los productores (extrusores) de aceite de soja de la provincia dicen lo contrario y el acrónimo parece haberse esfumado en la última versión del texto. En la imposición de la mayoría parlamentaria, queda sin revisar el trabajo de la Liga de Provincias Bioenergéticas, que había consensuado posiciones integradas entre todos los actores del sector.

Omar Perotti tiene problemas. En lo socioeconómico, la nueva ley puede afectar a parte de los intereses de Santa Fe, que reúne a 16 plantas de biodiesel que concentran el 82% de la capacidad instalada del país. Y en lo político, el senador Roberto Mirabella ha quedado enfrentado a la posición de Cleri y el kirchnerismo, justo cuando promueve que sea Perotti quien lidere la estrategia electoral del peronismo en la provincia.

Fuente: El Litoral