Por una medida oficial, ya hay 20 Pymes que producen biodiesel que están paralizadas

La cifra equivale a dos tercios del total de plantas que producen este combustible para cortar con gasoil. Denuncian incumplimiento del Gobierno

Tal como se venía anticipando, finalmente terminó por colapsar la industria del biodiesel enfocada en proveer con este biocombustible derivado del aceite de soja a las petroleras para que éstas realicen el corte final del 10% del gasoil.

Según confirmaron diversas fuentes, de un total de 30 pequeñas y medianas plantas que trabajan exclusivamente para abastecer al mercado interno, al menos unas 20 hoy están completamente paralizadas, sin poder entregar este insumo clave para la matriz energética.

Y el número podría aumentar en las próximas horas, llegando a la totalidad de los establecimientos.

La raíz del problema está en que desde hace más de un mes estas empresas vienen trabajando completamente a pérdida, básicamente porque estas firmas están obligadas a vender su producción a un precio que, a principios de cada mes, debe publicar el Gobierno en el Boletín Oficial.

Este precio no debería depender de la «buena voluntad» de los funcionarios de la Secretaría de Energía, que conduce Gustavo Lopetegui.

Por el contrario, está contemplado en una normativa y es obligación del Gobierno hacer pública esta cifra para brindar previsibilidad a las Pymes.

A esto se suma un factor clave: dicho precio, que es el que pagan las petroleras, se rige por una serie de variables que contempla diversos costos, desde el valor del aceite de soja, hasta insumos como el metanol, entre otros conceptos, la mayoría de los cuales están atados al tipo de cambio.

Sin embargo, hoy hay 20 plantas paralizadas básicamente por dos razones:

  1. El Gobierno incumplió con los plazos: la última vez que el Gobierno había actualizado este valor que deben pagar las grandes empresas que se proveen de biodiesel para efectuar el corte, había tenido lugar en febrero, cuando el dólar cotizaba a menos de $38.

Así, con un billete verde se disparó muy por encima de ese nivel, las cerca de 30 Pymes que en la Argentina producen este biocombustible quedaron en una situación crítica, dado que la estructura de costos de esta industria está dolarizada en un 90%.

En el arranque de abril, el Gobierno finalmente publicó el precio. Pero aquí surge el segundo punto crítico:

  1. El Gobierno no aplicó la fórmula: cómo se dijo, la fijación del precio se debe realizar –según lo establece la normativa- en función de una serie de parámetros y variables que contemple la suba de costos que afecta a las Pymes, de modo que no quedar desfasadas y produciendo a pérdida.

Sin embargo, la cifra que se oficializó en abril, según alertan varios directivos del sector, no está apoyada en ningún criterio ni respaldada en la fórmula que por normativa debería aplicar la Secretaría de Energía.

«Es un número al azar, no responde a nada, no está respaldado en nada, no sabemos cuál es el criterio que tomaron», afirmó un productor Pyme del interior.

Frente a este cuadro, brindó un panorama desolador: «Está confirmado que al menos 20 plantas ya cortaron las entregas, como mínimo. Esto es un hecho. Sabemos además que las petroleras se están comunicando con la Secretaría de Energía porque no saben cómo proceder. Al no haber biodiesel no pueden cumplir con el corte», agregó.

Un punto sensible y que preocupa ante el cese de actividad en las plantas es qué va a suceder con las 1.600 personas que hoy en día trabajan en este sector, en un escenario claramente difícil para el empleo en la Argentina.

Números en rojo

Los números no les cierran a estos pequeños y medianos establecimientos porque:

-En febrero, la última actualización previa a abril, el precio que publicó el Gobierno era de $27.660 la tonelada (el mismo que rigió para marzo).

-Ahora, inexplicablemente, Energía les habilitó un valor de $28.734. Es decir, una suba de apenas 3,8% desde febrero cuando, en el medio, hubo una disparada del tipo de cambio y, por ende, un salto del valor de los insumos y de los servicios, como la logística.

-Para agravar el panorama, el precio del bio actual es tan solo 8,3% superior al de septiembre de 2018, es decir, en siete meses.

-Lo más llamativo, es que, en ese mismo lapso, el Gobierno dio luz verde a un enorme salto del precio que se paga en los surtidores por el gasoil: pasó de $28,89 el litro a $37,80, es decir un avance del 31.

En otras palabras: el valor del gasoil trepó 23 puntos por encima que el del biodiesel.

«Esto demuestra que el biodiesel no es responsable de ningún incremento en los surtidores», señaló una de las fuentes consultadas.

Un dato no menor es que si se hubiese respectado la fórmula la seguridad jurídica que impartía la formula, el «bio» hubiese aumentado solo un 19% respecto del mes de septiembre.

Es decir, casi 12 puntos por debajo del gasoil.

Analizando medidas legales

Desde estas pequeñas y medianas empresas, que dependen del mercado interno para sobrevivir, alertan dos cuestiones importantes: por un lado, que se está ante un flagrante incumplimiento de la Ley 26.093 y, en particular, de la resolución 2/2019 suscripta por el propio Lopetegui.

«Lo más paradójico es que cuando se firmó esa resolución, en los considerandos se hizo hincapié en que era importante darle previsibilidad a las Pymes. Y ahora el Gobierno está haciendo todo lo contrario», explicó una fuente, en diálogo con este medio.

La otra cuestión, es que los empresarios del sector consideran que se trata de una medida «discriminatoria», ya que no está rigiendo para los proveedores de materia prima e insumos el mismo trato que reciben las empresas petroleras que adquieren biodiesel para mezclarlo con gasoil y comercializarlo en los surtidores.

Frente a la falta de respuesta por parte de Energía, uno de los gerentes de una planta mediana, se mostró consternado por la falta de argumentos desde el Gobierno: «No se entiende qué es lo que buscan. El mismo Lopetegui firmó la resolución de este año, argumentando en los propios considerando la necesidad de otorgar una mayor previsibilidad para el sector Pyme y dos meses después, congeló el precio».

Frente a este panorama adverso, una fuente que pidió estricto off the record, aseguró que «las empresas ya están buscando alternativas legales frente a esta situación de ilegalidad total».

 

Fuente: iProfesional

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