Comunicado del Instituto Argentino de la Energía en relación al Proyecto de Ley de Solidaridad Social

A. Generalidades
El gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de ley que declara la
emergencia pública en materia económica financiera, fiscal, administrativa, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social y al mismo tiempo delega facultades
extraordinarias al Poder Ejecutivo Nacional.
En este comunicado el IAE Mosconi expresa su opinión institucional exclusivamente
sobre los aspectos relativos a la Emergencia Energética.

B. la emergencia energética dentro del proyecto de ley del ejecutivo
En su artículo 2º el proyecto de ley establece las bases de delegación y en relación al
sector energético menciona: “Reglar la reestructuración tarifaria del sistema
energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y
reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar
una gestión eficiente de los mismos”.
Luego en su Título III: Sector Energético, el que se adjunta como anexo al presente, el
proyecto implica básicamente 4 aspectos:

1. Se continúa postergando cualquier modificación tarifaria, continuando el
criterio establecido por la Administración anterior.
2. Se faculta al Poder Ejecutivo a iniciar un proceso de renegociación de la
Revisión Tarifaria Integral vigente o a iniciar una revisión extraordinaria en el
marco de las normativas vigentes, propendiendo a una reducción de la carga
tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020 .
3. Se intervienen los Entes Reguladores del Gas (ENARGAS) y de la electricidad
(ENRE).
4. Se suspenda la transferencia de las empresas Edenor y Edesur a la órbita
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires,
manteniendo el ENRE su competencia sobre el servicio públicomientras dure la
emergencia.

C. La posición del IAE Mosconi frente al texto propuesto por el ejecutivo
Analizada la propuesta, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi manifiesta
lo siguiente:

1. El gobierno de Cambiemos finaliza postergando los aumentos de precios de la
energía (energía eléctrica hasta abril 2020 y gas natural hasta enero 2020). Los
aumentos correspondientes a transporte y distribución del servicio eléctrico y
de gas también han sido postergados. Por lo tanto, no es necesario una
emergencia económica y/o tarifaria para posponer aumentos y/o
modificar las estructuras tarifarias. Existen los instrumentos administrativos
y regulatorios para hacerlo.

2. En el mismo sentido las leyes marcos regulatorios del gas y la Energía
Eléctrica vigentes prevén expresamente la posibilidad de realizar
renegociaciones, y revisiones tarifaria extraordinarias por razones
fundadas por lo cual tampoco aparece necesaria la declaración de emergencia
por esta causa.

3. En relación a la Intervención de los Entes reguladores, creemos que es una
medida no justificada ya que el gobierno que finalizó el 10 de diciembre
cumplió con la normalización de los Entes Reguladores y el cubrimiento de los
cargos por concurso de acuerdo a lo establecido por las leyes de marco
regulatorio de energía eléctrica y gas natural, 24.065 y 24.076 respectivamente.
Los Entes estuvieron intervenidos durante 10 años a partir del decreto
571/2007 hasta que el 28/07/2017 el Decreto del PE N° 597/17 dispuso su
normalización mediante los concursos públicos y abiertos de antecedentes que
marca la regulación vigente, se conformaron los directorios del ENARGAS y el
ENRE.
Los ENTES son unidades autárquicas que dependen funcionalmente de la
Secretaria de Energía. Intervenir nuevamente los ENTES reguladores es un paso
atrás que vuelve a romper los marcos regulatorios, otorgando discrecionalidad a
la regulación de los servicios públicos. La intervención excede a la fijación de
tarifas: afecta al proceso de inversión en las redes y a la calidad de servicio en
protección al usuario.
La experiencia ha demostrado que la discrecionalidad derivada de la
intervención de los Entes empeoró todos los indicadores de servicio, se
evidenciaron importantes fallas en el control y en las sanciones a las empresas.
Además, a partir del congelamiento tarifario las empresas pasaron a depender
de la entrega de subsidios a voluntad de los funcionarios de turno.
La aplicación de la técnica regulatoria no solo cuida al usuario, sino que busca
un equilibrio que permita a las empresas invertir, prestar un servicio de calidad
y en resumen mantener la prestación del servicio público concesionado. Por lo
tanto no hay razones que justifiquen una nueva intervención.

4. Parece acertada la decisión de revisar las transferencias de las
distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires y que
permanezcan bajo competencia nacional, en línea con las manifestaciones
públicas del Instituto en relación a las dificultades técnicas, económicas y
regulatorias de dicha transferencia.

5. El precio del gas natural en boca de pozo y su determinación: finalmente es
importante resaltar que el proyecto del Poder Ejecutivo omite el tratamiento
del problema medular de la economía energética nacional, que es la
determinación del precio del gas natural en boca de pozo (PIST), que se
determina en un mercado oligopólico y de alta concentración y sin ninguna
transparencia y que debería ser objeto de una propuesta específica en el marco
de una Emergencia como la que se propone.

Alejandro Einstoss           Jorge Lapeña            Gerardo Rabinovich

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2019