“De ninguna manera. El rumor es falso. YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de la Argentina, y así seguirá siendo”, declaró el Ministro Guzmán a Télam recientemente.
YPF… “es, además, la columna vertebral de nuestro sistema energético. La energía en Argentina no existe sin YPF; y sin YPF la energía argentina es y será un “barco al garete”, un náufrago en el mar”. Jorge Lapeña ex Secretario de Energía.
Estas declaraciones recientes de Guzmán y Lapeña justificarían una nueva estatización de YPF y no al revés.
Si es YPF la empresa que marca la política nacional de hidrocarburos debiera ser totalmente estatal y servir como herramienta del gobierno para ejecutar su política energética. Que funcione como Sociedad Anónima con accionistas privados es un contrasentido con las definiciones anteriores ya que una Sociedad Anónima debe obedecer a los conceptos de eficiencia y rentabilidad para sus accionistas y no a consideraciones políticas de un gobierno. Si hace esto último comete una defraudación a sus accionistas.
Desde su creación en 1922 y hasta la privatización de Menem en 1992, YPF fue totalmente estatal y cumplió, no siempre adecuadamente, con su rol de herramienta política del gobierno en materia de hidrocarburos. Como suele suceder con las empresas públicas, sus objetivos fundacionales se van desdibujando gradualmente en la medida que intereses ajenos las van penetrando y terminan siendo el botín a repartir entre esos intereses. Contratistas, sindicatos, proveedores, políticos locales y nacionales, etc. son los que han distorsionado muchas veces el rol de YPF cubriendo sus prácticas corruptas con un relato que identificaba sus intereses con los de la Nación. Esta dinámica no es nueva ni exclusiva de nuestro país. Hemos visto recientemente el mega caso de corrupción de Petrobras, antes con Pemex, ni hablar de PDVSA. El deslizamiento hacia organizaciones corruptas es muy frecuente en empresas petroleras estatales de Latinoamérica, Africa y Medio Oriente.
Tener una empresa estatal gigante y cuasi monopólica como YPF no parece que vaya a resolver los problemas energéticos nacionales. Hay que recordar que los máximos históricos de producción de petróleo y gas en Argentina se lograron con una YPF privada y en competencia con otras empresas privadas (1998 y 2003 respectivamente). Aun así la privatización de YPF hecha por Menem tampoco fue congruente con su política neoliberal ya que YPF quedó muy grande (con aproximadamente el 50% de todos sus mercados) lo cual la llevó a tener una posición dominante inaceptable en países con verdaderas economías de mercado. Muchos expertos energéticos aconsejaron en esa época fragmentar YPF en empresas regionales de hidrocarburos.
¿Qué hacer entonces?
Estatizar totalmente a YPF no es una mala opción aprovechando los actuales precios de liquidación de sus acciones. Además, este gobierno ya tiene experiencia en el tema cuando, en 2012, estatizó la mitad más uno de YPF aunque con resultado muy discutible. Pero a renglón seguido de la nueva estatización habría que entregar sus activos a las provincias petroleras. Se podrían constituir cuatro o cinco empresas regionales: Lujan de Cuyo y la cuenca cuyana para Mendoza, Campo Duran y la cuenca del Noroeste para Salta, Plaza Huincul y la cuenca Neuquina para Neuquén, Comodoro y la cuenca del Golfo para Chubut, y la refinería de La Plata para Buenos Aires. Esto sería federalismo en serio. A partir de allí cada provincia podría tratar de armar una empresa con esos activos y administrarla directamente y constituir un monopolio provincial (solución poco recomendable por experiencias pasadas) o bien licitarla a empresas privadas que la organicen según las normas de competencia entre privados. Todo ello debería hacerse en un marco con reglas de juego claras y estables establecidas por la provincia y la nación. Por ejemplo: mercado de cambio, impuestos, exportaciones e importaciones.
Reconozco que esta propuesta luce descabellada por la manifiesta tendencia del actual gobierno nacional a centralizar y estatizar todas las herramientas de la política económica. ¿Pero antes de repetir fracasos recientes no será el momento de pensar en propuestas “descabelladas”?
Horacio Manuel Carlos Fernández
Abogado: 1970 Universidad Nacional de Buenos Aires (UNBA)
Master in Comparative Law (MCL): 1971, Southern Methodist University (SMU), Dallas, Texas, USA.
Actividad Académica:
Profesor Adjunto en la Cátedra de Derecho de los Recursos Naturales, de la Universidad del Salvador (1991-1994)
Desde 2000 a 2008 Profesor Titular de “Derecho para Ingenieros” en todas las carreras del ITBA. (Desde 1993 para la carrera de Ingenieros en Petróleo)
Desde 2003 a la actualidad Profesor de Marco Legal en el Posgrado sobre Economía del Gas y del Petróleo del ITBA.
Desde 2014 a la actualidad Coordinador Académico del curso para Futuros Líderes Energéticos organizado por Comité Argentino del WEC (World Energy Council)
Actividad Laboral:
Gerente de Asuntos Legales y Públicos de Occidental Petroleum de Argentina desde Julio1983 a Julio de1994
Julio de 1994 a Septiembre 1998 Director de Asuntos Legales de Shell CAPSA.
Desde Octubre 1998 a Diciembre 2010 Director de Asuntos Públicos de Total Austral S.A.
Miembro de:
Comisión Directiva del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas desde 1983 hasta 1994.
Comisión Directiva de la Cámara de la Industria del Petróleo desde 1985 hasta 2010.
Comisión Intercámaras Petroleras (CIP-CEPH) desde 1995 hasta 2010.
Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina desde Mayo de 1998 a Junio 2001
Secretario del Comité Argentino del World Energy Council (CACME) desde Marzo 2008 a 2019
Fuente: todohidrocarburos.com
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