La semana estuvo marcada por un nuevo capítulo en el largo litigio internacional que enfrenta a la Argentina con fondos demandantes por la expropiación de YPF en 2012.
El Gobierno argentino presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, buscando revertir el fallo que lo obliga a entregar el 51 % de las acciones de la compañía.
El argumento central de la defensa es que cumplir con esa orden implicaría una cesión directa de soberanía, pues se trata de un paquete accionario que el Estado considera estratégico para el control de los recursos energéticos nacionales. Voceros oficiales remarcaron que la expropiación de YPF fue una decisión política enmarcada en la defensa del interés público, y que judicializarla de este modo constituye una extralimitación que afecta al orden jurídico internacional.
A la par, medios estadounidenses informaron que la corte de apelaciones evalúa suspender de manera temporal la ejecución del fallo mientras analiza los fundamentos de la apelación. Una eventual moratoria en la aplicación de la sentencia permitiría a la Argentina ganar tiempo en una pulseada que no solo es jurídica, sino también geopolítica y financiera.
El Tío Trump
Por otra parte, en julio, el Gobierno de Estados Unidos anunció que intervendría como amicus curiae en el caso de YPF, respaldando la posición argentina frente al fallo que ordena entregar la mayoría accionaria de la petrolera. Esa decisión se interpretó como un gesto político significativo, para reforzar los vínculos entre Washington y Buenos Aires en un contexto de supuesta afinidad ideológica entre ambas administraciones.
En el reciente encuentro entre Trump y Milei, si bien no hubo confirmaciones oficiales de que YPF fuera parte explícita de la agenda, fuentes diplomáticas señalaron que el litigio estuvo presente en las conversaciones de contexto más amplio. El solo hecho de que el gobierno estadounidense haya dado señales de apoyo en tribunales abre un frente de negociación que trasciende lo jurídico y adquiere un peso estratégico en la relación bilateral.
Vaca Muerta se mueve
Mientras la cuestión judicial concentraba la atención internacional, YPF avanzó con decisiones de envergadura en el terreno productivo.
La compañía cerró la compra de una participación del 45% en dos bloques de petróleo y gas no convencionales ubicados en Vaca Muerta, hasta ahora bajo control de la francesa TotalEnergies. La operación, valuada en unos 500 millones de dólares, refuerza la posición dominante de la petrolera argentina en la principal cuenca energética del país.
El movimiento no es menor: YPF asegura así un mayor control sobre áreas que concentran parte del futuro energético de la Argentina, y sienta las bases para ampliar la producción en un escenario de creciente demanda regional.
A su vez, trascendió que la empresa planea perforar tres pozos exploratorios en la formación Palermo Aike, ubicada en el sur del país. Este reservorio, considerado una suerte de “hermana menor” de Vaca Muerta, se perfila como una frontera energética con alto potencial, capaz de diversificar la geografía de la producción de hidrocarburos no convencionales.
Por un puñado de dólares
Los movimientos de YPF se desarrollan bajo una estricta mirada institucional. Analistas locales recordaron que cualquier eventual desprendimiento de las acciones de la petrolera —si finalmente se cumplieran las sentencias judiciales internacionales— debería contar con la aprobación expresa del Congreso argentino.
Este punto subraya que el futuro de la compañía no es solo un asunto empresarial, sino un tema profundamente político y soberano.
En el terreno regulatorio, la empresa dio también señales de gestión territorial. Concluyó obras clave para asegurar el suministro de gas en el municipio de Añelo, en Neuquén, localidad que se ha convertido en el epicentro logístico y humano del desarrollo de Vaca Muerta.
Este avance, aunque menos estridente que las grandes operaciones financieras, tiene un impacto inmediato en la vida de las comunidades vinculadas al polo energético.
Entre soberanía y producción
La semana dejó en evidencia la dualidad que atraviesa el presente de YPF: por un lado, una pulseada judicial de resonancia internacional que pone en juego la noción misma de soberanía; por otro, un despliegue productivo que busca consolidar a la empresa como motor de la transición energética argentina.
En este delicado equilibrio entre tribunales extranjeros y perforaciones en la Patagonia se juega buena parte del futuro energético y político del país. Fuente: energiaynegocios.com.ar
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