Ex Secretarios de Energía proponen un nuevo paradigma productivo para la Argentina

El grupo de 8 ex Secretarios de Energía de diferentes gobiernos que hubo en el país desde 1983 presentó un documento de 13 puntos para una política de Estado en la materia. Los ex funcionarios fueron a visitar al actual titular de la Secretaría, Gustavo Lopetegui, y harán luego lo propio con los candidatos presidenciales. Proponen, entre otras cosas, eliminar subsidios a las tarifas, establecer un fondo anticíclico y limitar la construcción de nuevas centrales nucleares.

En la reunión con Lopetegui estuvieron Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco. A solo horas de producido el mayor apagón de la historia del país, los mayores especialistas en la materia indican en el documento que si bien la “fase aguda” de la crisis que afectaba al país en 2015 fue superada, aún quedan “desafíos importantes” para lograr tener un sistema “sustentable y competitivo”.

Al respecto, los ex secretarios llaman la atención sobre que la recuperación en la producción de gas y petróleo de los últimos años se debió a Vaca Muerta. Remarcan que “es preocupante la declinación productiva en la base de recursos convencionales desde hace 20 años y los bajos niveles de inversión”.

Por otro lado, los ex funcionarios aclaran que “la energía todavía es parte del problema económico”. Se recuerda que en 2014 los subsidios llegaron a u$s 20.814 millones, y si bien se redujeron a u$s 4.866 millones este año, la cuestión es que el Gobierno no puede cerrar la brecha.

Propuestas

El documento establece una relación directa entre los desvaríos del sistema energético y el modelo de sustitución de importaciones que trató de llevar adelante el anterior gobierno. Los especialistas piden cambiar el paradigma productivo de la Argentina y lanzar una estrategia de «valor agregado exportable».

«Para ese desarrollo se requiere del concurso de inversiones de magnitud, las que sólo se lograran con una estrategia energética de largo plazo que asegure estabilidad institucional y opere con un set estable de precios competitivos», afirmaron en el documento de 11 páginas.

Como propuestas, creen que debe haber una política de Estado para la energía acordada de manera explícita por los líderes políticos y sostenida por mayorías parlamentarias.

Consideran que ésta se deberá enfocar en una primera etapa a expandir el uso del gas, que es un recurso que presenta menores emisiones de gases de efecto invernadero, según lo establecido en el Acuerdo de París de 2015.

«Nuestro país debe definir una estrategia de largo plazo, en sintonía con los cambios estructurales del sector energético mundial, o sea, transición gasífera, y sustitución entre fuentes térmicas menos emisoras de GEI en reemplazo de las más emisoras en el corto y mediano plazo y descarbonización global en el largo plazo», enfatizaron.

También advierten que no se deben aprobar la construcción de nuevas plantas nucleares o represas hidroeléctricas, en tanto no se constate una viabilidad ambiental y económica y también se sugiere la creación de fondos anticíclicos “para evitar la apreciación cambiaria de corto plazo”.

También plantean la necesidad de diversificar las fuentes de energía y una reformulación del régimen impositivo para generar mejor competitividad internacional. Además de invertir en infraestructura, se debe destinar mayor cantidad de recursos en educación, capacitación laboral e innovación tecnológica.

En este marco, también deslizaron un mayor desarrollo del biodiesel y el bioetanol para sustituir importaciones de derivados petroleros y más valor agregado exportable mediante la transformación de la proteína vegetal en proteína animal y biocombustibles.

Al mismo tiempo, pidieron alentar el desarrollo de programas específicos para la hidroelectricidad y la generación eólica, solar y otras renovables.

Sobre las tarifas, recomiendan que los usuarios paguen el 100% de los costos totales del servicio de luz y gas, sin ayuda estatal, con excepción de la tarifa social y los consumidores de garrafas. «Se eliminarán los subsidios presupuestarios a la energía, no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas competitivos únicos en los mercados de gas y de electricidad», sostuvieron.

Por último, proponen estrechar la integración energética con los países de la región y aplicar políticas para la preservación ambiental. Pretenden que se «proteja el desarrollo armónico de la vida social y cultural de los pueblos en los lugares de extracción».

Fuente: Ambito.com