Nueva e importante acción judicial contra el congelamiento del petróleo

El recurso fue presentado por la Cámara Argentina de la Energía (CADE), el organismo que nuclea a las principales firmas petroleras y expendedoras de combustibles del país, a sólo cinco días para las elecciones.

Solicitaron la inconstitucionalidad de la medida que congeló los valores de toda la cadena energética.

Se trata de un recurso de amparo en contra de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 566 y 601 que congelaron el precio del petróleo y el de los combustibles en surtidor en todo el país.

La acción fue promovida ante el Juzgado Federal N°1 de Neuquén, a cargo de Carolina Pandolfi, y tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad de las normas que fueron publicadas el 15 de agosto (DNU 566), y que junto a su modificatoria (DNU 601), marcan que el congelamiento se extenderá por 90 días, hasta el próximo 15 de noviembre.

Acerca de CADE

CADE (Cámara Argentina de la Energía) es una cámara de máximo nivel ejecutivo, con presencia en la cadena energética, desde la exploración y producción de hidrocarburos hasta la refinación y comercialización de combustibles.

La Cámara tiene el objetivo de alcanzar los consensos básicos de mediano y largo plazo para el desarrollo del potencial energético del país, en especial el del petróleo y gas de Vaca Muerta.

La CADE tiene una estructura moderna e innovadora con una representación equilibrada entre producción, refinación o comercialización según su caso, y la vocación de establecer una voz potente del sector, basada en un consenso, que incluya a todos los actores, independientemente del tamaño y la trayectoria.

La Acción Judicial

La medida fue presentada en Neuquén porque la jurisdicción, referente de Vaca Muerta, es en la que coinciden por intereses y la actividad de todos los socios de la cámara.

«Comprendemos que estos son momentos muy delicados y entendemos porqué se emitieron los decretos, pero es importante asegurar que estas medidas tengan un efecto limitado y sentar la posición de la cámara», explicó a Energía On el CEO de la CADE, Carlos Magariños.

Y explicó que «la industria se ha expresado de distintas maneras para preservar el mercado de los hidrocarburos que es lo que buscamos, mirando en el largo plazo, y esta es una acción más».

La presentación tiene otros antecedentes judiciales: por un lado, desde las operadoras, con la presentación que hizo en un juzgado federal Vista Oil & Gas. Y al mismo tiempo el pedido de nulidad del decreto que mantiene el precio interno del crudo realizada por el gobierno de Neuquén en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que por el decreto que puso un límite al precio del crudo, dejará de recaudar unos $1800 millones en concepto de regalías.

La presentación fue dada a conocer por medio del primer comunicado de prensa que emite la cámara empresarial que cuenta con apenas un par de meses en funciones pero que posee entre sus integrantes a las más importantes petroleras del país, tanto nacionales como extranjeras e incluye en sus filas a las tres principales refinadoras de combustibles.

La incertidumbre frena inversiones en Vaca Muerta

«Esta presentación fue consultada por todos los miembros de la cámara», advirtió Magariños y remarcó que «más allá de la situación puntual queremos preservar el mercado de los hidrocarburos y los combustibles y sentar la posición de la cámara».

En el escrito se destacó que «los miembros de la CADE siempre mantuvieron una actitud responsable frente a los movimientos de precios, compatibilizando las necesidades de sus clientes y los de los propio negocio, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la industria energética en el país».

La advertencia tiene que ver por un lado con las apreciaciones que desde YPF se hicieron en torno a que el cuidado de los precios en surtidor podría haber sido resuelto desde las empresas sin la necesidad de recurrir a un congelamiento.

Y por el otro con el hecho de que, por la forma en la que fue realizado este congelamiento -sobre el valor del barril terminó afectando a toda la industria y evidenciando a dos meses de su aplicación la salida de funcionamiento de una docena de torres petroleras en el país y la suspensión de más de 1.500 trabajadores petroleros.

 

 

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