Neointervencionismo: Mismo remedio, mismos resultados.

Como podíamos suponer, la nueva Administración nacional vuelve a sus fuentes en materia de mercado de combustibles de uso automotor y, por medio de su participación mayoritaria en el board de YPF SA vuelve a pisar los precios minoristas de las naftas. A nadie debería sorprender esto, se trata de iniciativas que están en el ADN, en la ortodoxia del peronismo.

Dado que se niega la causa monetaria de la inflación, resulta lógica consecuencia de ello suponer que el aumento generalizado y continuado de los precios en la economía nacional se puede atender con medidas de microeconomía, como en este caso, variadas expresiones de la policía de mercados. Estos ensayos ya fueron llevados a cabo, por caso, por el recordado Ministro de Economía José Ber Gelbard, si bien sus consecuencias siguen asociándose a su sucesor Celestino Rodrigo. Entre los expendedores de combustibles no resulta necesario llevar el recuerdo tan lejos; la intervención estatal en el mercado de combustibles líquidos entre los años 2003 y 2012 tuvo como una de sus consecuencias el cierre definitivo de más de dos mil estaciones de servicios. Por lo demás, aguas arriba, llevó al País a ser importador neto de energía, a un fuerte déficit de balanza energética, a la sostenida importación de gas licuado, a precios disparatados, a restricciones del mercado cambiario, y a la propia caída de la Administración causante de todas las señaladas distorsiones.

No es que la saliente Administración nacional –de otro signo partidario- cultivara el credo del libre mercado. Ninguna señal fuerte dio al respecto el ex Presidente. Al fin y al cabo, el socialismo en un invento de ingenieros.

El caballo: delante del carro o detrás del carro?

Entre los años 2005 y 2012, con la reaparición del proceso inflacionario, los precios de los combustibles líquidos se vieron fuertemente retrasados, ello ocurrió en virtud de la estructura oligopólica del mercado nacional de combustibles, con posición dominante de la ex compañía estatal. Siendo que esta empresa capta aproximadamente el 60% del mercado minorista (en la década de los 90 su participación –market share- era del 45%), y que administra una red de distribuidores con productos consignados, posee capacidad para fijar los precios minoristas con independencia de las decisiones de sus competidores. El esquema se completa con la imposibilidad de que proveedores externos ingresen al mercado propiciando su equilibrio. En la época mencionada los precios internos de los combustibles eran un tercio inferiores a los de los países de la región. Esa experiencia demuestra –si fuera necesaria alguna demostración al respecto- lo pueril del razonamiento criollo sobre la especie: “aumenta el combustible, aumenta todo” Se trata de una mentira fácil de propagar, el público no entiende de teoría monetaria y macroeconomía.

En aquellos “años dorados” Los precios de los combustibles no aumentaban, y todos los demás precios sí., ergo: “no aumenta el combustible, aumenta todo”. Otra consecuencia de tales dislates: caída sostenida de la producción local de gas y petróleo.

Es que el sistema de precios bajo libre mercado es un sistema de intercambio de información: precios en alza de cualquier producto (bienes y/o servicios) atraen inversiones. Precios en baja –o anclados- las alejan. El Sr. Guillermo Nielsen, que es economista, y que querrá nuevas inversiones en la producción de gas y petróleo, lo sabe. La ortodoxia de su partido tiene otra vocación, otra weltanschauung.

Complacer a la tribuna. Pero la única verdad es la realidad, y en economía se puede hacer cualquier cosa, lo que no se puede hacer es evitar las consecuencias. Retrasar artificialmente el precio de cualquier producto, para quedar bien con la platea, neutraliza el funcionamiento virtuoso del mercado, aleja las inversiones y conduce al País, en materia de energía -como ya ocurrió-, a un déficit de producción, luego a un déficit de balanza comercial, y luego al colapso de las finanzas públicas. Esa política de fantasía, en el pasado reciente, le costó al País importaciones de energía por 50.000 millones de dólares, fuertes restricciones cambiarias y debacle en las finanzas públicas.

Pero para el despliegue de su vocación por la policía de mercados la Administración nacional tiene un problema: la Constitución nacional en su texto del año 1994 le impone defender el libre funcionamiento del mercado (art. 42 CN), e interferir como lo hace en el mercado de combustibles no parece una adecuada forma de cumplimiento de ese mandato constitucional. Trataríase de actos administrativos ilegítimos, por violar expreso mandato constitucional.

La única verdad es la realidad.

Otro dato estadístico: Bajo el decreto 1212/89 de desregulación del mercado de hidrocarburos la República Argentina logró el máximo de su producción de gas, petróleo y sus derivados, en el año 1999.

Sin precios de equilibrio de mercado, no habrá inversiones aguas arriba en el mercado de energía. La República Argentina, demás está decirlo, necesita esas inversiones. Tiene en su subsuelo territorial inmensos recursos hidrocarburíferos. Con políticas de fantasía esos recursos quedarán donde están hasta que nuevas tecnologías aplicadas a la producción energética vuelvan obsoletos el gas y el petróleo.

La única verdad, es la realidad.